Cuando se trata de promover intereses ilegítimos o ilegales, nunca es una sola bancada del Congreso la que se suma al empeño. La estrategia más efectiva es diversificar voces a lo largo de distintas tiendas políticas. De este modo, dispersos pero con coordinación y objetivos similares, se puede cubrir más flancos que cuando se concentra toda la artillería parlamentaria en un solo partido. Esa estrategia es la que estarían siguiendo en las próximas elecciones los representantes de la minería ilegal. De acuerdo con un informe publicado ayer por la Unidad de Investigación de este Diario, en cinco regiones al menos 10 candidatos de dos partidos tienen Reinfo (vigente o suspendido), sanciones por extracción ilícita, o son representantes de asociaciones cercanas a esta actividad. La lista probablemente siga en aumento conforme más partidos transparenten a sus precandidatos. Es esperable que en las elecciones subnacionales de octubre del 2026 el número se multiplique.