En la antesala del paro de transportistas de ayer, acatado de manera parcial por las empresas de transporte público de Lima y el Callao, el gobierno de José Jerí publicó la nueva ley que busca frenar las extorsiones en aquel sector.Se trata de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías. La norma, aprobada el 23 de octubre por el Congreso, crea el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y Sicariato, conformado por la PNP, el Ministerio Público y Poder Judicial, para desarrollar operaciones conjuntas que contribuyan a desarticular organizaciones criminales. Además, establece extinción de dominio de bienes vinculados a cuentas bancarias o billeteras electrónicas utilizadas, directa o indirectamente, para recibir, transferir o administrar recursos provenientes de actos de extorsión o sicariato.Asimismo, la ley determina que la SBS verifique que los bancos y otras entidades financieras realicen el monitoreo de la recepción de pagos en efectivo efectuados bajo conceptos como `cupos", `colaboración", `aporte" u otros eufemismos usados para ocultar el carácter extorsivo de la transacción. Esto a fin de detectar movimientos vinculados a extorsiones "hacia cuentas bancarias, transferencias interbancarias, remesas, giros nacionales e internacionales, billeteras digitales o cualquier medio de transferencia de recursos vinculados a denuncias por extorsión".
- [El Comercio,Pág. 12] /