Betssy Chávez no es ni ha sido nunca una perseguida política. Es una golpista procesada por el delito de rebelión, que estaba a punto de recibir una sentencia. Cumplió un rol activo en el fallido intento de Pedro Castillo de tomar por asalto el Congreso y otras instituciones del Estado. Por este delito contra la democracia, la fiscalía había solicitado 25 años de prisión en su contra. El asilo concedido por el Gobierno de México, presidido por Claudia Sheinbaum, no es en modo alguno un acto humanitario. Es una alevosa obstrucción a la justicia peruana que merece la condena unánime de la comunidad internacional. Es una burla flagrante al sistema judicial de nuestro país. Es tender una mano cómplice a alguien que estaba por ser condenada por un grave delito. Sheinbaum ha convertido a su gobierno en el secuaz transnacional de una banda de golpistas.