El Instituto Peruano de Economía (IPE) señaló en un informe que el incremento de la criminalidad vinculada a la minería ilegal se ha convertido en el principal obstáculo para la inversión minera en el Perú.Según datos recientes, el porcentaje de empresas que considera a la inseguridad como una barrera fuerte o decisiva pasó de 6% en 2018 a 29% en 2024, luego de alcanzar un pico de 37% en 2023, en medio de los atentados ocurridos en Pataz (La Libertad).A este panorama se suma la expansión de la minería ilegal, que no solo afecta operaciones en curso, sino que retrasa y pone en riesgo nuevos desarrollos. La limitada capacidad del Estado para ejercer un control efectivo genera incertidumbre jurídica, desalentando nuevas inversiones.Ejemplos emblemáticos son Michiquillay en Cajamarca y Los Chancas y Haquira en Apurímac, proyectos que en conjunto suman casi US$ 7,000 millones en inversión (11% de la cartera minera).