El aumento de actividades criminales en el Perú ha desencadenado una crisis de seguridad que asedia a gran parte del país, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones de la población. En el último año, alrededor de 50 transportistas en Lima y Callao han sido víctimas de asesinatos por parte de extorsionadores; y aunque el impacto del estado de emergencia del Gobierno aún está por verse, el descontento ciudadano se mantiene.En este contexto, es importante resaltar que el impacto de la crisis de inseguridad no es ajeno a la economía: en el último Marco Macroeconómico Multianual, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que la criminalidad le costará S/19.800 millones a nuestro país al cierre de este año, un monto equivalente al 1,7% del PBI y superior al presupuesto que se destinó este 2025 al sector Orden y Seguridad (más de S/16.000 millones).
- [El Comercio,Pág. 10 Día1] /