La protección de los datos en el Perú es un serio problema desde hace varios años. Con pasmosa facilidad, una persona puede vulnerar la seguridad de los servidores de nuestras instituciones públicas y extraer millones de bytes con información sensible que luego es ofrecida en sitios web -e incluso en galerías físicas- por precios irrisorios. A mediados del 2022, por ejemplo, nada menos que un gremio, Asbanc, tuvo que advertirle al entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que un grupo de hackers había accedido a las bases del Reniec y la Sunarp, y se había hecho con información sensible de millones de ciudadanos, que comprendía desde sus domicilios hasta el color y placa de sus automóviles. Lo que, sin embargo, no había ocurrido antes era que las entidades públicas pusieran en riesgo la seguridad de los peruanos por iniciativa propia. (Edición sábado).