Más de uno de los peajes cedidos a la constructora Odebrecht en la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán ha sido suspendido por las autoridades. Ya sea por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, el cobro a los usuarios ha sido calificado como una vulneración al libre tránsito por no contarse con vías alternas, y por enmarcarse en un proceso judicial, por corrupción, que aún no ha llegado a su fin. Cuatro de los peajes del "Proyecto Vías Nuevas de Lima" han sido suspendidos hasta la fecha: Chillón, Conchán, Villa y Punta Negra. Todos están a cargo de Rutas de Lima, una empresa subsidiaria de Brookfield. Esta última compró las acciones a Odebrecht en junio del 2016.Tanto el Poder Judicial (PJ) como el Tribunal Constitucional (TC) tomaron en cuenta el proceso judicial al decidir las respectivas suspensiones: Rutas de Lima no podrá efectuar cobros hasta que se resuelva el caso o hasta que cese la vulneración a la libertad de tránsito. La pregunta es ¿cuánto afecta esto la estabilidad jurídica del país? Y además: ¿Estas decisiones serán después un bumerán si los arbitrajes internacionales fallan en contra del Estado peruano?