El Perú transita, lamentablemente, por sus horas más oscuras y violentas, ante un fuerte incremento de las extorsiones y las actividades relacionadas a la minería ilegal. Las consecuencias son múltiples y cada vez más palpables, afectando también al empleo en el país. Una revisión de Gestión de varios indicadores laborales evidenciaría que las economías ilegales lo vienen absorbiendo cada vez más.En Lima Metropolitana, donde se agrupa mayoritariamente la masa laboral, el grupo de jóvenes con empleo viene reduciéndose desde hace tres años. La última vez que creció fue al cierre del trimestre móvil a setiembre del 2022 (1.9%). Este año se tuvo, incluso, caídas de doble dígito.Esto ocurre en paralelo a otro fenómeno preocupante también reconocido por este diario. La Población Económicamente No Activa (No PEA) viene aumentando a un mayor ritmo que la PEA desde diciembre del 2024. La brecha más marcada se dio entre abril y junio de este año.Miguel Jaramillo, investigador de Grade, señaló que hay una correlación "muy clara" entre los indicadores de deterioro del empleo juvenil y un aumento de la tasa de victimización. "A mayor desempleo o inactividad laboral de jóvenes, mayor es la tasa de victimización", comentó.En la minería ilegal, incluso, se tiene un mecanismo de contratación más "estructurado". Un empresario con concesiones en Arequipa, cuyo nombre se reservará por su seguridad, dio cuenta del fuerte crecimiento de los mineros ilegales. Tal es la demanda de trabajadores que, cuenta, en una sola zona se instalaron hasta 50 "agencias de empleo".El pago a mineros no calificados bordea los S/ 110 diarios. En cargos como para perforar y dinamitar el pago es de S/ 150.
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