Por César Ipenza, miembro del Observatorio de Minería Ilegal (OMI).El Convenio de Minamata sobre el Mercurio entró en vigor en el 2017, y constituye una respuesta mundial a fin de proteger la salud humana y el ambiente frente a las emisiones y liberaciones de mercurio y sus compuestos. Busca proteger especialmente a las poblaciones más vulnerables, como los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y las generaciones futuras. Más allá de la relevancia inherente al cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco del convenio, los países también necesitan medidas nacionales conducentes a atender su propia realidad. Los países miembros de este convenio, que suman 140, se reunirán en la Sexta Conferencia de las Partes-COP en Ginebra (Suiza), del 3 al 7 de noviembre, para evaluar sus avances y retos, pero la cita sobre todo debe servir para dos acciones prioritarias.Primero: mejorar el mandato y fortalecer el rol de este instrumento como, por ejemplo, reformar el texto del convenio con el objetivo de prohibir a nivel global el uso y comercio de este insumo, uno de los más peligrosos y ampliamente utilizado en la minería de oro de pequeña escala.Segundo: solicitar al comité de aplicación y cumplimiento del convenio que promueva la implementación y supervise sus disposiciones. Esto significa que no solo debe identificar las fuentes de uso del mercurio, sino que también formule recomendaciones que permitan a los países cumplir de manera más rápida y eficaz sus obligaciones frente a los riesgos asociados a este metal.