Entramos al último semestre de las elecciones presidenciales y la alerta sobre el financiamiento de partidos, frentes y candidatos vuelve a cobrar preeminencia en el debate público.Como se recordará, a principios de año el Congreso de la República realizó una importante reforma electoral, una de las pocas que se podrían destacar de esta gestión parlamentaria, para permitir nuevamente los aportes privados en las campañas. Todo esto, por cierto, con mecanismos de transparencia y determinados topes económicos.Pero sería pecar de ingenuidad si pensamos que este cambio legislativo impedirá que los flujos financieros de las economías ilegales contaminen un proceso electoral que, desde el inicio, corre ya con un buen número de figurantes cuya catadura moral o profesional es más que dudosa. Una influencia que se percibe incluso en no pocas bancadas del actual Congreso y, desde luego, en sectores del propio Poder Ejecutivo.De ahí la pertinencia de lo que propone la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El planteamiento es claro: que los partidos políticos firmen un pacto en el que se comprometen a no recibir financiamiento de la minería ilegal, camuflada en estos últimos años como minería informal.Un compromiso que obviamente debería extenderse asimismo a otras actividades ilícitas, como el narcotráfico, la tala ilegal o las universidades bamba. Hablamos de lobbies que no deberían tener cabida en el poder político, como abiertamente ha venido sucediendo en los últimos tiempos."La SNMPE ha sido muy firme en señalar que no se debe permitir que las economías ilegales perturben el proceso electoral con el propósito de perpetuar (esa) ilegalidad", ha dicho en Perú21 la directora ejecutiva de la SNMPE, Angela Grossheim.