La inversión pública sigue atrapada en una contradicción estructural: mientras los montos ejecutados alcanzan cifras récord -S/ 57,000 millones en el 2024, con una ejecución del 82%-, millones de peruanos siguen sin acceso a servicios básicos de calidad. Las brechas no se cierran; se profundizan. El problema no es cuánto se invierte, sino cómo se planifica, gestiona y ejecuta esa inversión.Uno de los principales cuellos de botella está en las etapas iniciales del ciclo de inversión, especialmente en la Programación Multianual de Inversiones. Aunque su propósito es articular el planeamiento estratégico con una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas y alineada con los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales, en la práctica se ha reducido a un mero inventario de necesidades, sin visión de largo plazo.Su carácter no vinculante impide garantizar que los proyectos priorizados reciban financiamiento, lo que debilita la conexión entre planificación, presupuesto y ejecución.Un análisis reciente de la cartera de inversiones de los gobiernos regionales (4,088 proyectos activos al segundo y tercer trimestre de este año) expone esta desconexión entre planificación y ejecución. Tras un proceso de "sinceramiento" en el pasado trimestre, se detectóunfenómenopreocupante: en 4 de cada 10, la fecha de fin de ejecución fue reprogramada en al menos 5 años. Más aún, con las nuevas fechas, el 7% del total de proyectos terminaría recién, en el mejor de los casos, en el 2030.
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