Por su propia naturaleza subterránea, no es fácil identificar el impacto económico real de crímenes como la extorsión. Por un tiempo, puede parecer que todo sigue relativamente igual, con las cifras oficiales agregadas sin registrar mayor movimiento, cuando en realidad los negocios -sobre todo los pequeños- sobreviven con amenazas, miedo y pagos ilegales. Pero eventualmente el impacto se empieza a hacer notorio. Es lo que sugiere, por lo menos, el nuevo informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) publicado ayer en este Diario. Según la investigación, en los distritos de Lima Metropolitana y el Callao, en donde las denuncias por extorsión no han aumentado, los créditos a las mypes subieron considerablemente en el último año. En cambio, en los distritos más inseguros, en donde las denuncias crecieron más del 100%, los mismos créditos cayeron 12% entre agosto del 2024 y agosto del 2025. En este contexto, las entidades microfinancieras habrían suspendido las visitas presenciales de sus asesores.