Los invasores de inmuebles privados o públicos serán castigados hasta con ocho años de prisión efectiva, de aprobarse un proyecto de ley presentado por la bancada aprista en el Congreso, con el fin de hacer respetar la propiedad y el estado de derecho.El proyecto de ley plantea "reprimir con pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor de ocho años cuando la usurpación se realiza usando armas de fuego o explosivos".