La última sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que favorece a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha sido un severo golpe para la Fiscalía al punto que se trae abajo una de las dos teorías que hasta hoy sostienen al caso Lava Jato: que los aportes de campaña no declarados son delito. Se trata de un revés contundente no solo porque tira a la lona una de las investigaciones más mediáticas de la última década, sino porque crearía un efecto en cadena que podría librar a otros políticos y partidos de sus respectivos procesos.El TC estableció que los abonos realizados a actividades proselitistas antes de noviembre de 2016, cuando se incorporó el lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial mediante el Decreto Legislativo 1249, no son considerados delitos.Además, definió que para imputar lavado de activos debe probarse que el acusado sabía del origen ilícito del dinero, y no presumir que lo sabía. En esa línea, concluyó que la Fiscalía no corroboró que la fuente de los aportes era ilegal.El expresidente Ollanta Humala, sentenciado por recibir US$3 millones de Odebrecht para financiar sus actividades políticas en 2011, ya anunció que se acogerá a ese fallo.(Edición sábado).