El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declara nula la investigación y acusación por el caso Cócteles, publicado el último 20 de octubre, abre una puerta a los procesados que cumplieron una prisión preventiva o un arresto domiciliario, en algún punto de los casi diez años que duró el proceso, para solicitar en la vía judicial una potencial indemnización. Especialistas consultados por Correo coincidieron en señalar que el TC reconoce una afectación al plazo razonable, es decir, una prolongación indebida del proceso, entre otros aspectos, que establecen implícitamente un "error judicial". ¿Quién paga por esto? De acuerdo a la sentencia del máximo intérprete de la Constitución, la Fiscalía pretendía que se procese por presunto lavado de activos a Keiko Fujimori, excandidata presidencial y lideresa del partido Fuerza Popular, bajo la figura de receptación patrimonial. Sin embargo, este delito fue incorporado al Código Penal en noviembre del 2016, luego de los hechos aparentemente cometidos."(Esto) implicaría realizar una aplicación retroactiva y desfavorable de la ley penal, afectando gravemente al principio de legalidad penal", señala el TC. En ese sentido, descarta la imputación por organización criminal debido a que ello implicaría la existencia de fines y/o beneficios económicos ilícitos, lo que no se habría producido pues Fuerza Popular tenía como objetivo legítimo ganar las elecciones. Además, la entidad indica "que la prolongación del proceso, la reiterada devolución de la acusación fiscal para su subsanación y la falta de una definición clara sobre la situación jurídica de la acusada, evidencian una afectación al derecho fundamental a ser juzgado en un plazo razonable".Son al menos ocho los procesados que cumplieron una prisión preventiva o un arresto domiciliario, o ambas medidas, en algunos casos, a lo largo de casi una década de investigación.