Por Walter Gutiérrez, constitucionalista.Hace pocas semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó nuevamente una multimillonaria operación financiera: la emisión de bonos y la refinanciación de la deuda de Petroperú por más de 287 millones de dólares. Si bien el procedimiento se presenta como un "reperfilamiento de deuda", el ciudadano de a pie no necesita ser economista para entender la esencia de la medida: se trata de un rescate estatal encubierto que ahora se ha trasladado sin miramientos a las espaldas de todos los peruanos. Este nuevo salvataje se suma a un historial de inyecciones de capital que han convertido a Petroperú en una verdadera pira de dinero. Según estimaciones de expertos, la suma total de los pasivos de la petrolera estatal ya supera los 9 mil millones de dólares, una cifra escalofriante que representa más de dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) del país. Mantener a flote una empresa con este nivel de inviabilidad financiera no solo es un error económico, sino flagrantemente inconstitucional.Nuestra Carta Política, establece un mandato claro e ineludible para el Estado: administrar los recursos del país eficientemente, y destinarlos a la materialización de los derechos de las personas y servicios públicos básicos, entre otras funciones.El rescate sistemático de Petroperú representa una abierta violación a esta regla. Cada sol utilizado para cubrir los agujeros financieros de la petrolera es un sol que se resta de la inversión en educación, salud, infraestructura y, crucialmente, seguridad ciudadana. Así, el Gobierno prioriza mantener una empresa ineficiente frente a los derechos de millones de peruanos.
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