Si bien el Tribunal Constitucional ha ordenado el archivo de una de las imputaciones más graves contra Keiko Fujimori vinculadas a los aportes a sus campañas electorales del 2011 y 2016, la lideresa de Fuerza Popular aún debe afrontar otra investigación que la coloca en un esquema de presunto lavado de activos y organización criminal en el interior de su partido, pero esta vez por el financiamiento de su campaña electoral del 2021.En el 2023, la fiscalía dispuso ampliar la investigación contra Fujimori y otros, incluido el mismo partido FP, por haber obtenido presuntos ingresos ilícitos o no declarados de S/1’309.770, que sirvieron para pagar trámites ante el Jurado Nacional de Elecciones durante la segunda vuelta electoral del 2021. El caso se refiere a la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia, así como ocultamiento y tenencia, todo como parte de una red criminal.En una segunda investigación, a Fujimori se le imputa ser coautora, con el agravante de organización criminal, del presunto delito de lavado de activos, provenientes del delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio del Estado Peruano.