Tres resoluciones emitidas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) antes del reciente cambio de gestión -y reveladas por Infobae Perú- dejaron encendida la polémica en torno al proceso de formalización minera. Las normas, firmadas durante la administración de Jorge Luis Montero, establecen la creación de mecanismos que permitirían habilitar permisos ambientales de manera grupal, implementar polvorines colectivos y realizar la verificación remota de concesiones pertenecientes a pequeños mineros e informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Estas medidas, que el Ejecutivo ha defendido como un intento de acelerar la formalización del sector, han sido vistas como una flexibilización excesiva de los controles ambientales y de seguridad minera, lo que podría abrir la puerta a irregularidades y posibles abusos en el manejo de concesiones. Sin embargo, lo que llamó especialmente nuestra atención es que las resoluciones incluyen a Activos Mineros (AMSAC), empresa adscrita al FONAFE y dedicada exclusivamente a la remediación de pasivos ambientales, dentro del nuevo esquema operativo del proceso de formalización.