LEY DE TRABAJO DEBE CREAR EMPLEO, NO ESPANTARLO

Ante la tozudez de la Comisión de Trabajo del Congreso en mantener el espíritu y la letra de un proyecto de ley obsoleto, discriminatorio y bloqueador de la inversión y la creación de nuevos empleos, es pertinente el anuncio del jefe del Gabinete, Jorge del Castillo. Ha dicho que el Ejecutivo observará el texto de la nueva Ley de Trabajo si esta impide la generación de nuevos puestos.Y eso es precisamente lo que hace. En el caso presente, hay que llamar la atención sobre la falta de realismo de algunos congresistas de UPP y del Apra, que insisten en mantener los privilegios de los pocos que tienen empleo (alrededor de 4 millones de los 13 millones que forman la Población Económicamente Activa, PEA). Cuando el objetivo nacional es dinamizar la economía, estos señores quieren resucitar la estabilidad laboral, incrementar exponencialmente la indemnización por despido e incrementar las gollerías de las cúpulas sindicales que medran con la llamada 'bolsa de trabajo' y la negociación por rama.¿Acaso no reparan en que la prioridad, para el Perú de hoy, es afrontar el grave problema del desempleo, el subempleo y la informalidad que afectan a millones de conciudadanos? Efectivamente, estos no cuentan con empleo digno, seguridad social, jubilación ni vacaciones. En cuanto a los empresarios, es justificada su preocupación, pues con los cambios normativos que se pretende implantar se incrementarían los costos laborales y se afectaría la competitividad. Es más, muchas empresas podrían optar por contratar informalmente antes que asumir los costos que acarrearía un trabajador formal.Hay aquí un problema de fondo que tiene que ser denunciado antes de que el proyecto llegue al pleno: la demagogia electorera de algunos congresistas que solo quieren congraciarse con sus votantes y los pocos trabajadores sindicalizados, sin pensar en el grave daño que hacen al país y al resto de ciudadanos.La prioridad hoy es consensuar y, en el caso presente, ello debe hacerse con los representantes de los trabajadores, de los empresarios y del Gobierno, como se hizo en el Consejo Nacional del Trabajo, para corregir los aspectos controvertidos de esta ley. Ni el pleno, ni el Ejecutivo podrían aceptar un proyecto sesgado, clasista y perturbador para la equidad social y el desarrollo económico del país. (Edición domingo).