Por Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de REDES.La reciente vacancia presidencial es un recordatorio de que seguimos atrapados en un círculo interminable de crisis política e inestabilidad que nos distrae de la agenda programática. Mientras los reflectores están ahí, seguimos dejando pasar la oportunidad que representa este nuevo ciclo de precios favorables de los metales que exportamos, con varios proyectos en cola y demoras de aprobaciones. Además, y aún más importante, seguimos sin resolver nuestra incapacidad desde la gestión pública para que todos los recursos que se generan gracias a la minería se conviertan de manera tangible en bienestar para las personas.La gestión pública y la minería tienen varios puntos de encuentro. Desde los permisos y regulaciones para poder explorar y operar, el ordenamiento territorial, la seguridad jurídica, el diálogo y gestión de conflictos -que debería ser más preventivo que reactivo- y la inversión pública, para la cual se generan recursos a través de los tributos y en la cual participan también las mineras a través de mecanismos como las Obras por Impuestos. La relación es bidireccional: los recursos de la minería nutren al Estado, y el desempeño del Estado, a su vez, sostiene la legitimidad del sector.Desde el año 2000, se han transferido más de 70 mil millones de soles de canon minero a gobiernos subnacionales y universidades públicas para que sean utilizados en inversión pública. La distribución del canon resulta problemática en tanto solo se hace siguiendo criterios geográficos, sin otras variables como población, nivel de pobreza, brechas, entre otras. Esto genera fuertes desigualdades.
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