El vaivén institucional entre el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se ha convertido en una telenovela que beneficia únicamente a la criminalidad organizada. La reciente decisión judicial que ordena la restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación y el posterior anuncio de que la JNJ prepara su apelación representan un nuevo capítulo de esta novela que, parafraseando a Espinoza, "se tiene que acabar". Esta crisis sostenida no es una historia de héroes contra villanos. Es, más bien, el retrato de un sistema judicial que ha perdido el rumbo y que exhibe ante la ciudadanía sus fracturas más profundas. Cada movimiento, cada resolución, cada apelación, no hacen sino evidenciar la ausencia de claridad normativa y la presencia de intereses que trascienden el bien común.