Cuando el cálculo político se impone sobre la responsabilidad, la economía paga la factura. El Perú ha ingresado a una nueva etapa de parálisis económica provocada por su propia clase dirigente. La madrugada del 10 de octubre, el país amaneció con nuevo presidente -otra vez- y con la inversión en pausa.No hay vacío de poder, pero sí un vacío de decisiones. Las empresas detienen proyectos, los inversionistas posponen desembolsos y los directorios empresariales ordenan esperar. La política se mueve; la economía se detiene.La vacancia de Dina Boluarte, aunque constitucional, fue el resultado de un Congreso que privilegió la conveniencia electoral por encima de la estabilidad nacional. Se retiró a una presidenta debilitada, pero sin ofrecer una alternativa capaz de devolver confianza.La consecuencia es inmediata: el país vuelve a quedar atrapado en la incertidumbre, una incertidumbre que -todo indica- se prolongará hasta julio de 2026, cuando un nuevo gobierno asuma con legitimidad en las urnas.