El lunes 13 de octubre es una fecha clave en el calendario electoral peruano, pues vence el plazo para que renuncien a sus cargos los altos funcionarios públicos que decidan postular en las elecciones generales del 2026 -presidente, ministros, viceministros, gobernadores y vicegobernadores regionales, alcaldes, militares y policías, entre otros-. Esta norma, dictada por el JNE, podría servir como candado y evitar, en lo posible, que los renunciantes-candidatos hagan uso indebido de los recursos de las entidades en las que laboraban, tanto financieros como logísticos.Sin embargo, existen otros grupos de poder cuya influencia electoral será casi imposible detectar, supervisar y controlar. Se trata de las llamadas "economías ilegales" que en la última década se han extendido en sectores como minería y forestería, además de la intensificación del crimen organizado, el narcotráfico y el tráfico de terrenos. "Nos causa preocupación la influencia que tendrían las economías ilegales, en particular la minería ilegal, durante la campaña y proceso electoral", alertó la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, en la reciente cumbre Perumin 37. Agregó que estas organizaciones que operan al margen de la ley tratarán de infiltrarse en los partidos políticos para promover candidaturas afines a sus intereses y destinarán parte de sus ganancias para tal fin. Es que a la minería ilegal, en especial a la aurífera, le sobra el dinero -el oro acaba de alcanzar una cotización récord-. Encima, sus costos laborales son mínimos, no asume pasivos ambientales y no paga impuestos.
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