En el mundo empresarial, la tercerización laboral se ha consolidado como una herramienta para reducir costos y ganar eficiencia, siempre que las empresas contratistas actúen con autonomía, capital propio y asuman los riesgos de la operación. El debate surge cuando este esquema se aplica a funciones centrales del negocio.En el país, dos entidades de máximo nivel han dado respuestas distintas: el Indecopi declaró ilegal las limitaciones a tercerizar actividades nucleares por exceder lo previsto en la ley, mientras que el Tribunal Constitucional (TC) validó la medida como un límite legítimo para proteger la dignidad y los derechos de los trabajadores. El desenlace final queda ahora en manos de la Corte Suprema.