El 22 de agosto pasado, el conflicto entre la comunidad campesina de Huaripampa y la compañía minera Antamina alcanzó un punto crítico, con la irrupción en las instalaciones de la compañía que dejó pérdidas materiales superiores a los S/20 millones, un violento enfrentamiento con la policía, comuneros heridos y el quiebre de una relación hasta entonces pacífica que compromete las operaciones de la mayor productora de zinc del Perú.La controversia con la empresa empezó a fines del 2023, cuando la dirigencia de la comunidad campesina de Huaripampa denunció supuestos daños ambientales a una laguna. Sin embargo, para el 2024, los reclamos viraron hacia el tema territorial. Bajo la dirigencia del presidente comunal Roger Ariza y su asesor externo Duberlí Pintado, este año la comunidad presentó un "estudio definitivo" que fijaba una compensación de US$27 millones por "afectaciones territoriales" en 184 hectáreas.La empresa minera asegura que se trata de terrenos vendidos hace 37 años y cuya titularidad a nombre de Antamina consta en Registros Públicos desde 1988.El 15 de agosto, algunos integrantes de la directiva ingresaron a un terreno de Antamina en el sector Huacacocha y permanecieron ahí durante una semana hasta la llegada de la policía. Expertos atribuyen la radicalización del conflicto a la participación de Ariza y Duberlí debido a la presión y la exigencia de dinero para evitar la violencia.En un comunicado emitido el mismo 15 de agosto, la comunidad campesina reconoció la venta de más de 2.000 hectáreas a Antamina, pero alegan la existencia de un "área remanente" que les pertenece.