Ayer, Juan Manuel Cavero Solano juró como ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien había renunciado en la víspera, según dijo en una carta que envió a la presidenta, para "participar como candidato en las próximas elecciones". Como sabemos, el plazo para que altos funcionarios que deseen postular en abril dejen sus cargos expira en tan solo 10 días. La decisión de Santiváñez, sin embargo, no elimina la responsabilidad de quienes, pudiendo removerlo del cargo, no lo hicieron y permitieron más bien que responsabilidad de quienes, pudiendo removerlo del cargo, no lo hicieron y permitieron más bien que siguiera colocando gente en el Estado, acosando a periodistas y utilizando el fajín para construir un discurso político propio. Así, su salida no se da porque la mandataria haya decidido que su permanencia en el gobierno era ya insostenible debido a los graves problemas que mantiene con la justicia, ni porque el Congreso haya tenido la decencia de censurarlo en un acto de amor propio (para borrar la afrenta que significó que, pocos meses después de que la representación nacional lo depusiera del cargo de ministro del Interior, la presidenta lo recolocara en el Gabinete, burlándose del control político parlamentario). No. Santiváñez ha renunciado de manera voluntaria y no es exagerado decir que, de no ser por sus aspiraciones políticas, muy probablemente lo habríamos visto en el equipo ministerial hasta el último día de esta administración.