A pesar de su gravedad, las cancillerías de Lima y Santiago manejaron con suma reserva la controversia producida por un añadido a la ley que creó la región de Arica y Parinacota, el cual suponía una pérdida de territorio peruano.Fue tan delicado el tratamiento que se le dio al tema que este se filtró a la prensa dos días antes de que se solucionara.Según reveló ayer el diario "La Tercera", la noche del miércoles 24 el gobierno de Alan García decidió convocar en consulta al embajador peruano en Santiago, Hugo Otero, para dejar sentado el malestar de nuestro país.Esto se debía a que la administración de la presidenta chilena, Michelle Bachelet, había dejado pasar la oportunidad de vetar la polémica norma.El embajador Otero se comunicó por teléfono con el canciller chileno Alejandro Foxley para darle cuenta de su partida a Lima, pero este de inmediato se comunicó con su homólogo peruano, José Antonio García Belaunde, para pedirle que aguardara.El jefe de la diplomacia peruana accedió, pero a cambio pidió acciones concretas por parte de Chile para superar la situación.