El conflicto entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la concesionaria Rutas de Lima escaló a un nivel crítico. La empresa -controlada por el grupo canadiense Brookfield Infrastructure- anunció la disolución y liquidación de la compañía, tras asegurar que las restricciones impuestas por el Estado y la capital hicieron inviable su sostenibilidad financiera. La decisión fue adoptada por la Junta General de Accionistas el 29 de septiembre de 2025, luego de que la firma quedara sin más del 60 % de sus ingresos debido a resoluciones judiciales y al cierre de peajes. Entre los factores señalados están la suspensión del cobro en Chillón, dictada por el Tribunal Constitucional, y la paralización de la estación de Conchán, lo que dejó a la concesionaria en un escenario de pérdidas irreversibles.