La Comisión de Constitución del Congreso inició ayer el debate del dictamen que propone reducir de siete a tres días la prohibición de difundir encuestas antes de cualquier tipo de elección en el país y, como cada vez que el asunto aparece en el debate público, se escuchan dentro y fuera del Parlamento argumentos a favor y en contra de proceder con una iniciativa así. En palabras del presidente de ese grupo de trabajo, el legislador Arturo Alegría (Fuerza Popular), por ejemplo, la prohibición "ha devenido en [sic] obsoleta e ineficaz". Se trata "de un mandato ilusorio", ha añadido, porque controlar la circulación de encuestas en las redes sociales -que es lo que sucede profusamente mientras dura la veda- es imposible. Quienes resisten la medida, en cambio, afirman que los sondeos de opinión pueden "condicionar" el voto ciudadano, al transmitir información muchas veces falsa a tan pocos días de acudir a las urnas.