Más de dos años y medio después del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022, la Comisión Permanente del Congreso ha dado un paso importante. Con 17 votos a favor y solo cuatro en contra, aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez por su "activa participación" en aquel episodio que amenazó el orden constitucional. La decisión no es casual ni vengativa. Se sustenta en la violación flagrante de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución, que obligan a todos los funcionarios a respetar y defender la Carta Magna, a servir a la nación y a ejercer el poder dentro de los límites legalmente establecidos. Chávez no fue una espectadora pasiva; por el contrario, respaldó activamente la decisión de Castillo de cerrar el Congreso y reorganizar el sistema de justicia, convirtiéndose en cómplice de un acto que constituye rebelión según nuestra Constitución.