Por Omar Mariluz Laguna, director periodístico del diario Gestión.Petroperú es la fiesta interminable a la que nadie quiere ir, pero todos estamos obligados a pagar la cuenta. Y Dina Boluarte lo ha dejado claro: sin importar que la empresa estatal sea un desastre financiero, seguirá recibiendo salvavidas desde Palacio.La presidenta pidió en Consejo de ministros, el 13 de septiembre, que el Gabinete respalde "a toda costa" a Petroperú. Traducción: no importa cuántos millones se quemen, cuántas mentiras se digan o cuántos compromisos se incumplan, la caja fiscal seguirá abierta para una petrolera que ya perdió cualquier capacidad de sostenerse sola.Lo irónico es que hasta hace poco el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, juraba que no le daría "un sol más" a Petroperú. El propio presidente de la estatal, Alejandro Narváez, prometió que no volvería a estirar la mano. Y, sin embargo, hace una semana el MEF autorizó una nueva emisión de bonos por US$ 287 millones para tapar huecos. El borracho dijo "última copa", pero ya está pidiendo otra ronda.Los números son brutales: a julio, Petroperú acumuló pérdidas por US$ 299.4 millones, más del 50% de su capital social. Eso obligó a actigestión var el artículo 176 de la Ley General de Sociedades, que manda a convocar a una Junta de Accionistas. Pero ¿qué sentido tiene una junta si los ministros que representan al Estado solo acatan la orden política de Boluarte?
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