Por Pablo Castro Saavedra, estudiante de Economía.En los socavones informales del Perú no solo se extrae mineral, también se acumulan pobreza, abandono y ausencia del Estado. La minería ilegal ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en una de las mayores amenazas al desarrollo del país. El IPE estima que en 2025 las exportaciones de oro ilegal igualarán por primera vez a las legales, alcanzando unos US$12.000 millones. Así, más allá de pérdidas fiscales o daño ambiental, este fenómeno erosiona la seguridad, deteriora la salud y perpetúa economías informales que atrapan a miles de familias.El combate a la minería ilegal ha sido, en el mejor de los casos, predecible. Si bien operativos policiales y de fiscalización son imprescindibles, también son insuficientes. Según el PNUD, el Índice de Densidad del Estado ha disminuido o mostrado mejoras más limitadas en los distritos con presencia de minería aurífera no formal entre el 2017 y 2024. Es decir, donde la minería ilegal avanza, el Estado retrocede o llega con menor eficacia. Asimismo, es crucial entender que este problema persiste porque, en muchos territorios, constituye la única fuente de ingresos disponible. Lo que conlleva a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿cómo esperar que una familia renuncie a su sustento cuando no se ofrece otra salida?El gran reto es consolidar una estrategia sostenible que combine control con políticas de desarrollo capaces de transformar economías locales. Esto exige servicios básicos efectivos, educación técnica, proyectos productivos alternativos y una presencia estatal real. Sin políticas de largo plazo, las comunidades quedan atrapadas en economías ilícitas que ofrecen ingresos inmediatos, pero terminan erosionando el capital social y natural del país.(Edición sábado).