Perumin abordó ayer, en su tercer día, un tema crucial para el desarrollo futuro de la minería: el riesgo político en Perú, considerando que ha sido una de las principales causas por las que se han descartado inversiones en el pasado, y que cobra mayor relevancia en el contexto electoral. El debate fue liderado por Cecilia Valenzuela, directora de Perú21, con la participación de Diana Seminario, periodista y analista política; Franco Olcese, politólogo del Centro Wiñaq; e Iván Arenas, investigador social y analista político. La primera gran preocupación de la mesa fue la influencia de la minería ilegal tanto en los comicios generales como en los regionales, tomando en cuenta que hoy existen legisladores que la defienden y políticos que se enfrentan a los formales en una aparente búsqueda de financiamiento y de aplauso fácil, sin meditar la contribución de la minería formal."La empresa minera aporta el 47% en el Impuesto a la Renta. Si nos ponemos en términos coloquiales son los que paran la olla del país", aseguró Seminario. Recordó, además, que el Perú cuenta con 128.5 millones de hectáreas, de las cuales 18.9 millones están concesionadas a la minería, lo que equivale alrededor del 15% del total.Los expositores coincidieron en que otro de los principales elementos del riesgo político es el populismo y la narrativa de políticos de izquierda en contra de las empresas formales, en especial del sector minero. Advirtieron que, de mantenerse esta tendencia, en las próximas elecciones se incorporarían "bancadas de los ilegales", orientadas a acabar con quienes sí pagan impuestos y generan empleo para el país.