El octavo retiro de fondos de pensiones aprobado por el Congreso no solo debilita el sistema previsional, sino que además generará costos fiscales que, en el largo plazo, podrían trasladarse directamente a los ciudadanos. Así lo advirtió Jaime Reusche, presidente ejecutivo de Moody’s, quien señaló que esta medida "es totalmente innecesaria, ya que no hay ninguna emergencia" y que beneficia únicamente a un grupo reducido de personas con mayores ingresos.Uno de los principales riesgos que identificó el representante de la calificadora es el efecto que tendrá sobre las finanzas públicas. "La pensión mínima, en el largo plazo, va a generar un gasto estructural muy rígido, con una fuerte presión política para que el Estado subsidie las pensiones", explicó. Según Reusche, el costo real de la decisión política no se menciona en el debate público, pero se reflejará en una mayor carga tributaria. "Lo más probable es que termine reflejándose en una subida del IGV en el largo plazo para poder cubrir y enfrentar esos gastos. Estamos hablando de que, posiblemente, en unos 5 a 10 años el IGV podría subir a niveles europeos, en torno al 20% o 21%".