La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia que declare la ilegalidad del partido Fuerza Popular por presuntamente haber desplegado conductas antidemocráticas durante los últimos años.Con su requerimiento, planteado en pleno proceso para las elecciones del 2026, la titular del Ministerio Público pretende que se cancele la inscripción de Fuerza Popular en el Registro de Organizaciones Políticas, se clausuren sus locales y se prohíba su reinscripción como partido.En su requerimiento, Espinoza enlista cuatro supuestas prácticas antidemocráticas que, a su juicio, configuran la causal de ilegalidad establecida en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas.En primer lugar, la fiscalía sostiene que Fuerza Popular ha alentado agresiones verbales y hostigamientos contra magistrados, fiscales, periodistas, funcionarios electorales y expresidentes. Asimismo, acusa al partido de castigar a exparlamentarios que ejercieron su libertad de conciencia, como Kenji Fujimori, Patricia Donayre, Rolando Reátegui, Yesenia Ponce y Daniel Salaverry, quienes, en su momento, fueron marginados de la bancada naranja. El tercer cargo es la exculpación del terrorismo y manipulación legislativa. De acuerdo con la fiscal de la Nación, Fuerza Popular relativizó crímenes de la época del terrorismo mediante discursos partidarios y la promoción de una ley de amnistía en el Parlamento.Por último, acusa al partido de legitimar la violencia política. Recuerda que el fujimorismo desconoció los resultados electorales del 2021 -cuando Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori- al sostener un discurso de fraude nunca probado.