Por César Ipenza, Observatorio de Minería Ilegal - OMI.La construcción de la ley MAPE no ha garantizado un amplio proceso de discusión, y menos resuelve el problema, lo que nos lleva a analizar el contexto actual, considerando a quien preside la Comisión de Energía y Minas del Congreso y las elecciones del 2026.Si bien aspiramos a que la normativa respete el marco constitucional y las sentencias del Tribunal Constitucional -la prohibición de la minería en cuerpos de agua y la eliminación de la exención de responsabilidad penal-, esto no ha sucedido. Entendamos que quienes redactan la propuesta están alineados con intereses particulares, lo que nos lleva a evaluar la necesidad de la ampliación del Reinfo, pues resultaría una medida transitoria necesaria.Enfatizo la palabra ‘evaluar’ porque, tras 23 años de esfuerzos por la formalización y extensión de plazos, se ha demostrado que el Reinfo no garantiza su viabilidad. Y si bien desde el OMI antes hemos expresado nuestro rechazo, ahora nos encontramos entre la espada y la pared. Por eso, la ampliación sería una consideración viable si tiene algunas condiciones mínimas que eviten seguir operando en la impunidad. Primera: eliminar la exención de responsabilidad penal para cualquier minero en proceso de formalización. Todos tenemos igualdad ante la ley y no es posible que subsista un nivel de ciudadanos por encima de todos.Segunda: actualización constante y depuración del registro, evitando mantener en este a quienes incumplieron los requisitos establecidos operando sin control.