El Gobierno de Dina Boluarte promulgó el Reglamento de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), así como su estatuto de infracciones y sanciones. A través de dos decretos supremos de la Cancillería se hizo oficial los sometimientos de la APCI contra las ONG y sus actividades.La normativa aprobada faculta a la APCI a sancionar con multas de hasta 500 UIT a las organizaciones no gubernamentales que brinden asesoría legal a personas que denuncien al Estado por violaciones a los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Además, castiga a estas organizaciones en caso colaboren o financien marchas o movilizaciones.