La minería ilegal se ha posicionado como uno de los principales desafíos en materia económica y social del país. Su creciente avance se evidencia también en el aumento de las denuncias, proliferación de actividades conexas y operaciones financieras sospechosas, lo que devela la fragilidad de los mecanismos de fiscalización del Estado.La mayor incidencia de la minería ilegal a nivel regional se puede identificar en zonas específicas, a través de los registros de denuncias del Ministerio Público por el delito de minería ilegal y sus formas agravadas, disponibles desde el 2020. Entre el 2020 y 2024, estas se triplicaron, pasando de alrededor de 800 a más de 2,500 a nivel nacional.El aumento es crítico en tres regiones: Madre de Dios, La Libertad y Puno, donde las denuncias crecieron en más de 350, 250 y 120, respectivamente. Esta tendencia alcista se mantiene en los primeros siete meses para dichas regiones, con énfasis en algunos distritos: en Pataz (La Libertad), las denuncias por el delito de minería ilegal y sus formas agravadas se multiplicaron por 36 desde 2020 (de 3 a 109); en Inambari (Madre de Dios), los casos se triplicaron (de 34 a 106); y en Ananea (Puno), pese a que no se registraron denuncias en el 2020, a julio último ya se acumularon 38.
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