Por Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto.Mientras se debate el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 y continúa la aprobación de iniciativas que debilitan las finanzas públicas, es propicio alertar sobre la necesidad que el próximo Gobierno recupere la credibilidad en el manejo de la política fiscal. Si bien la posición fiscal se mantiene robusta en comparación con la región (con una deuda bruta de 32.1% del PBI, la mitad del promedio de América Latina), en el último quinquenio la institucionalidad fiscal ha sufrido un marcado deterioro.Esto se ha manifestado en múltiples frentes interconectados: el incumplimiento reiterado de las reglas fiscales y la flexibilización normativa que ha diluido su papel disciplinador; la proliferación de leyes aprobadas por insistencia que imprimen obligaciones de gasto permanentes sin fuentes de financiamiento claras; el crecimiento sostenido y poco evaluado de beneficios y exoneraciones tributarias que erosiona la base imponible; la validación por parte del Tribunal Constitucional de normas que han convertido demandas sociales en cargas fiscales inmediatas; la elevada rotación en la conducción técnica y política del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); y la acumulación simultánea de riesgos cuantificables, endeudamiento bruto y neto, pasivos contingentes y amplios niveles de incumplimiento tributario y deuda administrada, que estrechan los márgenes de maniobra.
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