El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, un dictamen con el objetivo de fortalecer la lucha contra el sicariato, la conspiración y delitos conexos. La reforma eleva la pena máxima por el delito de sicariato de 25 a 30 años de prisión efectiva. Asimismo, establece la cadena perpetua en casos donde la víctima sea un empresario, bodeguero o persona que preste servicios públicos o desarrolle actividades comerciales, o cuando el crimen sea ordenado desde un establecimiento penitenciario.