A casi tres años del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo Terrones, el Congreso aún no lo ha inhabilitado para el ejercicio de la función pública, de modo que el exmandatario, incluso, podría ser candidato en las elecciones generales del próximo año.Castillo Terrones enfrenta dos denuncias constitucionales por infracción a la Carta Magna. La primera fue interpuesta por el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular), en la que se pide su inhabilitación por 10 años; y la segunda fue presentada por el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País). La semana pasada, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso eligió a Martha Moyano (Fuerza Popular) como delegada de la primera denuncia. Sin embargo, la segunda no evidencia ningún avance.