Están por cumplirse tres años del golpe de Pedro Castillo, y el Congreso, al que el expresidente intentó cerrar inconstitucionalmente, todavía no se encarga de hacer lo elemental: inhabilitar políticamente a quien quiso traerse abajo la democracia para evitar que intente aprovecharse una vez más de ella. El Poder Judicial tiene desde luego la dimensión penal de este vergonzoso episodio totalitario en sus manos, y más temprano que tarde emitirá seguramente una sentencia condenatoria, porque está demostrado que, bajo órdenes del entonces mandatario, el 7 de diciembre del 2022 se intentó impedir la entrada de más de un parlamentario al Palacio Legislativo (es decir, que su mensaje dictatorial tuvo una traducción en la práctica y que, por lo tanto, las elaboraciones que pretenden presentarlo como un mero ejercicio retórico carecen de sustento). Pero la sanción política -esto es, aquella que le impediría al golpista postular al Senado o a la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo año y aprovecharse una vez más del sistema que buscó derribar- está en manos del Congreso, y sus integrantes están dejando correr el tiempo peligrosamente.