Por César Gutiérrez Peña.Percibo a un gobierno urgido de mostrarse como exitoso en la consecución de inversiones, y en esta línea se está hablando recurrentemente del Gasoducto Costero y la Masificación del Gas Natural (GN) en siete regiones del interior del país. Los interesados son Transportadora de Gas del Perú (TGP), en el primer caso, y Cálidda en el segundo. Lo que plantean las empresas es que sus contratos de concesión, que vencen hacia el 2032, sean ampliados vía adenda por 10 años. Compete al gobierno evaluar la razonabilidad de las propuestas.Más allá del tema de las reservas, de la ampliación de la capacidad de transporte del ducto Camisea-Lima en sus primeros 200 km y de la Planta de Separación de GN y líquidos de gas natural, denominada Malvinas, a las que ya me he referido en varias oportunidades, solicitando que se aclare públicamente cómo se abordarán estas limitantes, sin tener respuesta alguna; está la evaluación del beneficio-costo para el Estado.