Por Juan Carlos Miljanovich, gerente de administración y finanzas de Summa Gold Corporacion.En el último año, el oro se ha consolidado como uno de los principales productos de exportación del Perú, con ventas que superan los US$ 15,000 millones en el 2024 Sin embargo, este desempeño convive con una realidad alarmante: la minería ilegal y el contrabando de oro le costarán al Estado más de US$ 2,200 millones en este 2025 en impuestos no recaudados.Pero no se trata solo de un problema tributario. Estamos frente a la actividad ilícita con mayor impacto negativo en el país: destruye ecosistemas, vulnera derechos sociales, fortalece redes criminales y golpea de lleno las finanzas públicas. La riqueza generada por este mineral debería ser motor de desarrollo y bienestar, pero en este contexto termina alimentando la depredación y la violencia.El oro que exportamos no puede medirse solo en toneladas y dólares: su valor real depende de la garantía de su origen. Asegurar la trazabilidad del mineral no es un lujo ni una exigencia ajena al negocio; es una necesidad urgente para proteger la imagen del país, cumplir con estándares internacionales y garantizar que la riqueza que producimos sea legítima.
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