Cuando todos creían que las diferencias entre Chincha (Ica) y Cañete (Lima) habían sido superadas para garantizar la inversión de Perú LNG en la construcción de la planta de licuefacción del proyecto de exportación del gas de Camisea, también conocido como Camisea II, el presidente del gobierno regional de Lima, Miguel Ángel Mufarech, transgredió el acuerdo que firmó el 6 de octubre de este año, con el presidente de la región Ica, la empresa Perú LNG y la Comisión Pro Inversión del Congreso.Este documento dio origen a la Ley 28374, aprobada por el Congreso, que otorga las garantías a Perú LNG para iniciar la construcción de la planta mientras se resolvían los problemas limítrofes de estas localidades. Es esta norma la que Mufarech solicitará sea declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC)."Lamento la actitud del presidente de la región Lima, Miguel Ángel Mufarech, con quien he tratado de conversar, pero ha sido imposible. Hemos tenido que suspender el trámite de licencias porque no vamos a seguir invirtiendo o arriesgando la integridad de nuestro personal. Queremos saber cómo se va resolver esto", señaló Carlos del Solar, gerente general de Perú LNG.Comentó que hace dos semanas pagaron US$233.000 a fin de adquirir el terreno para la construcción de la planta, dinero que luego sería entregado a la región favorecida cuando se resolviera el problema limítrofe. "Hoy íbamos a pagar S/.750.000 en Cañete para obtener la licencia municipal, pero tuvo que detenerse", dijo.
- [El Comercio,Pág. B 2] /
- [Gestión,Pág. 5 Supl.] /