Por Omar Mariluz Laguna, director periodístico del diario Gestión.El oro está de vuelta en las portadas globales. La onza superó los 3,500 y hasta los 3,600 dólares, con Goldman Sachs advirtiendo que podría alcanzar los 5,000 si la Fed pierde independencia bajo la presión política de Donald Trump. Para los grandes fondos y bancos centrales, acumular lingotes del metal precioso es el nuevo seguro de vida frente al caos. En resumen: el mundo compra miedo en onzas.Hasta ahí, un fenómeno de mercado. Pero en el Perú, cuando el oro brilla, no ilumina la economía formal, sino que enciende los motores de la minería ilegal. Hoy, las mafias auríferas son más rentables que los carteles de cocaína, y encima gozan de beneficios legales que harían envidiar a cualquier empresario formal. Mientras Wall Street paga en efectivo, en Lima el Congreso paga con leyes.El ejemplo más grotesco es el REINFO, la lista mágica que convierte a miles de ilegales en "mineros en proceso de formalización". Esa puerta trasera se ha prorrogado tantas veces que ya parece vitalicia. Y como si fuera poco, se les concedió un regalo explosivo: acceso a dinamita bajo un régimen excepcional, con trámites en SUCAMEC. La paradoja es brutal: un país incapaz de darle chalecos antibalas a sus policías sí puede garantizar que un minero ilegal tenga su polvorín en regla.¿Consecuencias? Pregúntele a Trujillo. En menos de un mes, dos atentados con explosivos arrasaron zonas residenciales. El último, el 4 de septiembre, dejó once heridos y decenas de viviendas destrozadas. La minería ilegal ya no se esconde en socavones; ahora marca territorio en plena ciudad. Y todo mientras el precio del oro sigue trepando.
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