Al final del juicio seguido contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y el resto de acusados por el fallido golpe de Estado del 2022, el Poder Judicial (PJ) establecerá si el expresidente y sus exministros cometieron ese día el delito de rebelión. La discusión respecto de si los hechos de aquella jornada configuran ese ilícito ha sido amplia y tendrá una resolución en los próximos meses, cuando la Sala Penal Especial de la Corte Suprema dicte su sentencia. Donde no parece haber duda, desde el punto de vista jurídico, es respecto a si lo ocurrido fue una infracción a la Constitución. Prácticamente todos los especialistas coinciden en que lo fue. Durante el juicio, en una audiencia realizada en mayo, el propio abogado de Castillo reconoció que el mensaje golpista fue "inconstitucional", aunque negando que haya sido un delito. Sentado a su lado, el expresidente no hizo el menor gesto de disconformidad con lo dicho por su defensor. Benji Espinoza, abogado de Castillo durante su presidencia, también es de los que afirman que no hubo delito de rebelión, pero reconoce que fue "una infracción a la Constitución", según dijo esta semana en RPP.Frente a esa falta, era el Congreso el que debía pronunciarse a través de una denuncia constitucional y un juicio político. Sin embargo, hoy se cumplen 1.005 días (dos años y nueve meses) desde aquel 7 de diciembre sin que el Parlamento emita el castigo correspondiente a una infracción a la Constitución: una inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por diez años.(Edición domingo).