En la noche del jueves, una explosión en la urbanización trujillana de Las Quintanas dejó once heridos y daños materiales en 30 viviendas. Según las primeras informaciones, el objetivo del ataque habría sido María Sánchez Iparraguirre, una persona vinculada a la minería ilegal, una actividad que, como sabemos, ha convertido a esta región del norte del país (especialmente a la provincia de Pataz) en el escenario de espantosas muestras de fuerza por parte de grupos criminales. Se trata del tercer atentado de este tipo en la capital liberteña en lo que va del año. El primero, en enero, tuvo como objetivo una sede del Ministerio Público, lo que se interpretó como un mensaje hacia los fiscales. Pero los otros dos, ocurridos con apenas tres semanas de distancia, parecerían haber tenido en la mira a sospechosos de actividades criminales, lo que sugeriría que las bandas han decidido llevar sus disputas hacia las calles y urbanizaciones trujillanas con total desparpajo. Todo esto en una provincia que se encuentra en estado de emergencia desde el 14 de febrero del 2024, una medida que claramente no ha dado resultados, pero que el Ejecutivo ha vuelto a prorrogar hasta noviembre. (Edición sábado).