Por Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra.Al hablar de desarrollo solemos pensar en cifras de crecimiento, inflación controlada o aumento del empleo. Sin embargo, detrás de esos números hay un elemento menos visible, pero mucho más determinante: el Estado de derecho o `rule of law", como se conoce en inglés.Décadas de datos globales son contundentes. Los países con reglas claras, instituciones judiciales independientes y un sistema legal confiable avanzan más rápido, atraen inversión y logran bienestar sostenido para sus ciudadanos. El resto, aunque tenga picos de bonanza, termina atrapado en ciclos de inestabilidad y frustración.La lógica es simple. Si las personas y las empresas confían en que la ley se aplica de manera pareja, planifican, invierten y arriesgan más. Si en cambio reina la arbitrariedad o la corrupción, nadie apuesta a largo plazo. El resultado: menos inversión, menos innovación y, al final, menos oportunidades.En el Perú lo sabemos bien. Un Estado de derecho débil ha permitido que sectores como la minería ilegal o el transporte informal crezcan sin freno. En el primer caso, miles de millones de dólares en oro extraído fuera del marco legal financian redes criminales, destruyen ecosistemas (sociales y ambientales) y erosionan la recaudación fiscal. En el segundo, la falta de cumplimiento de normas y la captura de reguladores han consolidado un sistema de transporte donde reina la ley de la selva, con altísimos costos en productividad, seguridad vial, calidad de vida y, tristemente, la pérdida de vidas. Ambos fenómenos son ejemplos claros de cómo la ausencia de legalidad sostenida favorece intereses particulares en desmedro del bienestar colectivo.