Por Richard Arce.El destape del escándalo de corrupción que involucra directamente al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en un tinglado relacionado con una economía ilegal -minería ilegal- y el tráfico de influencias, aprovechando el cargo de ministro a cambio de coimas, debería desencadenar la inmediata renuncia del ministro y ponerlo a disposición de la justicia; esto se daría por inercia en cualquier democracia o país que mínimamente cuide la decencia y la dignidad como criterio de integridad, elemento básico para la gobernabilidad y la garantía de un Estado de derecho.Dina Boluarte ha vuelto a patinar terriblemente con la designación de Santiváñez, a pesar de que era un ministro censurado y cuestionado por su accionar nada santo en su trayectoria profesional, que linda más con un prontuario; pero a sabiendas de los antecedentes, su incapacidad para dirigir un ministerio y su comportamiento sinuoso, le lanzaron el salvavidas para evitarle la cárcel, porque después de los escándalos de corrupción en los que está involucrado, se entiende su desesperación para buscar la inmunidad a través de su designación de ministro, hecho que confirmaría la colusión con Palacio de Gobierno.Boluarte ha tenido el descaro de defender a su hermano Nicanor y seguir con la perorata de una persecución de parte del Ministerio Público, cuando lo que corresponde es más bien coadyuvar en la persecución del delito que hace la Fiscalía.